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Opinión

¿Quién pagará por el combustible robado?

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FRENTE AL CRIMEN ORGANIZADO EL GOBIERNO FEDERAL SE MUESTRA DÉBIL, INCONSISTENTE, OMISO, IMPOTENTE, DESBORDADO O DE PLANO EN CONTUBERNIO, CUANDO LO QUE SE ESPERA SON ACTITUDES FIRMES, ACCIONES EFECTIVAS Y RESULTADOS CONTUNDENTES. LAMENTABLEMENTE SU COMPORTAMIENTO HA SIDO OMISO, DESGANADO Y ERRÁTICO.

En el Triángulo Rojo del altiplano poblano los saqueadores de combustibles bailan al ritmo de la Cumbia del Huachicol, le rezan al Santo Niño Huachicolero y se da una razón de ser: “el petróleo es de los mexicanos, nosotros sólo tomamos lo que es nuestro antes de que se lo lleven los gringos”. No fueron invitados a la fiesta pero ya tienen su parte del negocio.

En Puebla el mercado del huachicol (combustible robado) funciona las 24 horas, con precios al mayoreo y al menudeo determinados por la oferta y la demanda, y donde no faltan “empresarios” que llaman a sus pares a coludirse para mantener los precios altos. El 3 de marzo pasado un diario local daba cuenta que los “chupaductos” de Palmar de Bravo apodados ‘Los Palmeros’ amenazaron con ejecutar a otros huachicoleros del Triángulo Rojo para acabar con la “competencia desleal”, si no estandarizan el precio en 10 pesos el litro, ya que algunos la rematan hasta en cinco pesos (https://goo.gl/umGcUy). En algunos pueblos la venta acontece ocurre a plena luz del día, a la vista de todos. En Huixcolotla los vendedores tienen sus propias reglas y sancionan hasta con 5 mil pesos a quien intente abaratar el litro. Sólo los clientes “VIP” pueden tener un precio especial de ocho pesos el litro si compran más de 200 litros, y de seis pesos cincuenta centavos si adquieren más de 500 litros. El producto se vende en el mercado, las calles, los caminos, los talleres, los domicilios. Los lugareños le han entrado al huachicol por la enorme dificultad para encontrar medios legales de subsistencia. En un mundo de pobreza ser huachicolero es tan digno como ser tendero, panadero o talabartero: prestan un servicio útil a la comunidad. Y demanda nunca falta, se alimenta de la inconformidad social por los gasolinazos, los precios prohibitivos y el proceso inflacionario. Muchos necesitan desesperadamente reducir sus costos para comprar alimentos con lo que les queda.
Las bandas delictivas no formaron parte de la reforma energética ni ésta se hizo para ellas, pero ahí están, haciendo de las suyas, asechando, extorsionando, robando, saboteando, secuestrando, disputándose la plaza, intercambiando rehenes, rescatando a sus secuaces, abriendo mercados y matando a todo aquel que interfiera en sus negocios. La ordeña de ductos y venta del huachicol son la punta del iceberg. El Gobierno federal se desvive en presentar a México como el mejor destino para la inversión extranjera y desborda de optimismo intentando banalizar las difíciles condiciones en las que se desarrollan la producción y la vida cotidiana. El gobierno niega irritado que México sea el segundo país más letal sólo detrás de Siria, sin embargo las cifras de muertes violentas están ahí, frías, reveladoras, acusadoras.
Frente al crimen organizado el Gobierno federal se muestra débil, inconsistente, omiso, impotente, desbordado o de plano en contubernio. No se puede esperar mucho de las autoridades municipales que luchan directamente en los frentes de guerra contra un enemigo mejor preparado, más equipado y mucho más motivado, lo cual explica pero no justifica que policías y funcionarios prefieran pactar o coludirse con los cárteles para sobrevivir y compensar sus bajos sueldos. Del Gobierno federal, en cambio, cabría esperar actitudes más firmes, acciones más efectivas y resultados más contundentes. Lamentablemente su comportamiento ha sido omiso, desganado y errático, por calificarlo de alguna manera.
Por un lado, el Gobierno federal justificó y comprometió recursos públicos en la construcción de un carísimo gasoducto submarino entre Texas y Tuxpan argumentando la inseguridad en el trayecto terrestre Tamaulipas-Veracruz, en otras palabras, la presente administración se declaró vencida, derrotada, inerte, incapaz de garantizar la seguridad de los trabajadores, las operaciones y las inversiones en la construcción y operación de un gasoducto de servicio público que sería tres veces más económico que el ducto submarino. La diferencia de precios habría bastado para contratar, en el marco de la ley, seguridad privada de alto desempeño para compensar la ausencia de un Estado que se autoproclamó fallido. Algunas compañías mineras y petroleras ya cuentan con cuerpos de seguridad fuertemente armados, germen de futuros ejércitos privados si persiste la debilidad institucional. No es el camino.
Por otro lado, luego del baño de sangre ocurrido en la comunidad de Palmario, donde murieron seis civiles y cuatro militares en un tiroteo, donde además quedó herida una decena de personas, el Presidente Enrique Peña Nieto se indignó, encrespó y ordenó a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Hacienda, así como a la Procuraduría General de la República y a la dirección de Petróleos Mexicanos, diseñar e instrumentar una estrategia integral para combatir el robo de combustible en todo el país; también ofreció coordinarse con las autoridades de Puebla, hasta desmantelar por completo las bandas delictivas dedicadas a la ordeña y sustracción de hidrocarburos de los ductos de Pemex, los llamados huachicolero.
No es la primera vez que el primer mandatario da la orden, lo hizo cuando empezó el sexenio y las referidas instituciones dieron lo mejor de sí pero en otras actividades. Como resultado, las tomas clandestinas crecieron como la espuma, impulsadas por los decretos de la Secretaría Hacienda para desaparecer los subsidios, elevar los precios y hacer rentable la actividad para los nuevos dueños. Con el mega gasolinazo del 1 de enero se intensificó el robo de combustible y creció el mercado negro en todo el país. En poco tiempo los huachicoleros se convirtieron en colosales competidores de las estaciones de servicio al vender la gasolina a seis pesos el litro, casi una tercera parte del precio máximo autorizado por Hacienda.
Desde hace tiempo el gobierno se ha abstenido de emplearse a fondo en contra del robo de combustibles a pesar de disponer de una amplia variedad de instrumentos para prevenir y erradicar el delito. Ese vacío ha sido llenado por otros actores. Los intereses creados se han multiplicado y el problema se ha hecho más complejo y difícil de resolver. En el negocio del huachicol participan los grandes cárteles y las bandas locales que actúan en complicidad con policías y autoridades, empleados y directivos de Pemex. En esa cadena de complicidades y corruptelas no faltan industriales, comerciantes, agricultores, transportistas y dueños de estaciones de servicio dispuestos a comprar por debajo de los precios oficiales para mejorar la rentabilidad de sus negocios.
Esta vez la ofensiva parece que va en serio porque está en juego la credibilidad y capacidad del gobierno para atraer inversión extranjera, el leit motif de la administración peñista. Las compañías petroleras están inquietas, algunas condicionan sus inversiones a la solución del problema porque no quieren absorber las pérdidas, comprenden que Pemex lo haga porque no le queda de otra, pero ellas ni de broma. Los inversionistas extranjeros aceptan participar y quedarse con los negocios del Estado siempre y cuando estén limpios de problemas. No quieren lidiar con pérdidas, pasivos ambientales, movimientos sociales y mafias que roban y extorsionan. Las compañías quieren una solución efectiva, real y duradera. Se niegan a transportar gasolina y diésel por los ductos de Pemex si no hay seguridad de que el producto llegará a su destino.
El inquilino de Los Pinos está entre la espada y la pared: no quiere que la Reforma Energética siga acumulando fracasos; sin embargo, combatir a los delincuentes con el Ejército implica enormes riesgos, como engrosar la constelación de muertos y heridos. Y nadie en su sano juicio acepta que la “solución final” sea el tiro de gracia para los huachicoleros detenidos y tirados en el piso, como ocurrió en Palmario según los videos que circulan en las redes sociales.
La ordeña no parece ser muy grande con respecto al volumen que se mueve en el sistema. Cada día se drenan alrededor de 5.6 millones de litros, cantidad que representa entre uno y dos por ciento del combustible en circulación. Es poco con respecto al tamaño de la industria, pero bastante en comparación con el daño que le causa a Pemex y a las finanzas públicas. Según la Secretaría de Hacienda el robo de combustible ronda entre los 15 mil y 20 mil millones de pesos al año. Es el tamaño del subsidio que reciben los huachicoleros por la debilidad institucional.
¿Quién pagará por el combustible robado? ¡Pemex! Responde de inmediato un regulador que ve en la empresa pública su principal enemigo. En su mirar obtuso, la CRE privilegia lo económico y hace un lado todo lo demás. “El transportista será el responsable hasta que momento que nos muestre que hizo todo lo que tenía que hacer para el cuidado absoluto el producto”, dice palabras más, palabra menos su comisionado presidente. La cuestión se traslada entonces a determinar lo que significa medidas de seguridad “adecuadas” y el aumento en la tarifa para cubrir ese costo adicional que podría ser muy alto.
No sería justo descargar en Pemex toda la responsabilidad porque el problema va más allá de sus facultades y capacidades. La empresa pública no es responsable de la inseguridad y el desbordamiento de la delincuencia, de la pobreza generalizada y la descomposición social, del crecimiento y osadía del crimen organizado, de la incapacidad y negligencia de las autoridades encargadas de combatir el delito. Pemex no acepta el papel de chivo expiatorio que Hacienda, Sener y los reguladores le asigna por default. Su posición es la de asumir parte, pero no toda la responsabilidad cuando se sustraiga gasolina de terceros. En todo caso el dueño del producto podría comprar un seguro contra los riesgos del camino y cargárselo al consumidor final, pero tampoco sería justo que la ciudadanía pague por los yerros, omisiones y ambiciones de los que participan en la cadena de suministro.

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SOBRE EL AUTOR:

Energía y Poder

Es Catedrático de la UNAM. Analista político y energético.

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