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Opinión

¿Y ahora, qué quiere Estados Unidos?

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ENTRE MÁS DURO SE PONE EL GOBIERNO DE DONALD TRUMP MÁS BLANDOS SE PONEN ENRIQUE PEÑA NIETO Y SU SÉQUITO DE FUNCIONARIOS PÚBLICO, EMPEZANDO POR EL CANCILLER LUIS VIDEGARAY Y LOS SECRETARIOS DE ENERGÍA Y ECONOMÍA PEDRO JOAQUÍN COLDWELL E ILDEFONSO GUAJARDO GALLARDO, RESPECTIVAMENTE.

La integración energética es el resultado de una política pública basada en el convencimiento de que se puede lograr más colaborando con los países vecinos, que permaneciendo aislado. La integración va más allá del intercambio comercial, en ella hay disposición para intercambiar información, conocimientos, experiencia y recursos, incluso el ánimo de coordinar una política regional para mejorar la seguridad energética de los participantes. La cooperación ayuda a mejorar la manera de producir, transformar, distribuir y comercializar combustibles y electricidad. Al juntar fuerzas se busca aprovechar sinergias, complementar recursos, reducir costos, compartir riesgos, generar conocimiento, disminuir pérdidas y hacer frente a la volatilidad de los precios internacionales. La integración avanzan cuando se interconectan redes eléctricas, gasoductos, oleoductos y poliductos, pero también cuando se realizan proyectos comunes y se pactan acuerdos. Los países vinculan sus sistemas energéticos por interés pero también por amistad y solidaridad. En cualquier caso se espera reciprocidad, equilibrio y respeto. Difícilmente un país aceptaría una cooperación forzada, oprimida o doblegada. El problema son las asimetrías entre países, instituciones, empresas y ciudadanos. No pocas veces los mejor situados establecen temas, agendas y cronogramas, términos y condiciones. Las asimetrías determinan las formas y matices de la integración.

México y Estados Unidos (EU) han estado envueltos en un proceso de integración energética desde que nuestro país regresó al mercado internacional en la década de los años 70. Durante la mayor parte del periodo el tema central fue la incapacidad del país vecino para producir a la altura de su consumo, y la necesidad de acceder a fuentes de abastecimiento seguras y confiables en el extranjero. La necesidad se volvió urgencia durante el embargo y la primera crisis petrolera. La caída del cártel de las Siete Hermanas, el ascenso de la OPEP y las nacionalizaciones, llevaron a los EU a reconfigurar su sistema de suministro externo para depender menos del Medio Oriente y los países miembros de esa organización.

Mediante una serie de acciones diplomáticas, comerciales y financieras, la Casa Blanca logró menguar el espíritu nacionalista de Canadá y México e integrarlos en el primer círculo de su sistema de seguridad energética. Los momentos de debilidad y los conflictos internos en los países vecinos fueron aprovechados por Washington para inclinar la balanza a su favor. No pasó mucho tiempo para que el gas de Alberta se direccionara hacia el sur de la frontera y las refinerías y la reserva estratégica se convirtieran en el principal destino de las exportaciones canadienses y mexicanas de petróleo crudo. En 1989 Canadá aceptó abrir su sector energético y darle trato nacional a los EU. En adelante Ottawa no podría limitar las exportaciones por razones de seguridad nacional como había hecho durante los peores momentos de la crisis energética. La venganza quedó consumada.

Con México la integración ha sido más lenta, menos profunda y más conflictiva. Uno de tantos desencuentros fue la negativa mexicana a incluir la energía en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Por razones internas el gobierno salinista no aceptó liberalizar rápida y completamente del comercio y la inversión en petróleo y electricidad como venía proponiendo la Casa Blanca desde la crisis de la deuda. Y aunque el gobierno hizo algunas concesiones y las siguió haciendo en años posteriores quedó claro que el proceso apertura sería lento. Washington tuvo que esperar veinte años para que su perseverancia fuera recompensada.  La reforma energética de 2013-2014 aceptó inversión extranjera y modelos organizativos y regulatorios similares a los de EU.

Washington festejó haber alcanzado su objetivo estratégico pero se notó menos animado de lo previsto. Las necesidades y el contexto habían cambiado. EU ya no necesitaba a México tanto como en el pasado, había perdido relevancia. Por una parte, el mercado de América del Norte ha sufrido un cambio estructural con el boom de los hidrocarburos no convencionales. EU se ha convertido nuevamente en una potencia energética: ha logrado la autosuficiencia en gas natural, ha reducido sustantivamente sus importaciones de petróleo, se ha consolidado como el primer exportador mundial de productos refinados y ahora exporta no sólo gas sino también petróleo crudo.

Por otra parte, la abundancia energética en México ha declinado. Nuestro país llegó a exporta 1.6 millones de barriles por día a los EU y a representar el 16.5% de las importaciones de petróleo crudo de ese país. Las cifras actuales son distintas. El año pasado Pemex envió 582 mil barriles diarios y su participación apenas llegó al 7.4% el total importado. Canadá en cambio le aportó 3.3 millones de barriles al día y se colocó como su principal suministrador (41.3%). Ahora nuestro país destaca en la región pero como importador. En esas condiciones la integración energética con México ya no es importante para los EU en términos de suministro, aunque es innegable su interés en términos de negocio.

Los objetivos y tiempos de la integración han cambiado y ello se verá reflejado en la renegociación del TLCAN. Hay voces en ambos lados de la frontera que proponen incluir en el tratado lo que México se reservó hace 25 años, concretamente el petróleo y la electricidad. La pregunta es, ¿para qué? Ambos insumos pasaron a formar parte del tratado cuando se aprobó la reforma energética. Y el tratado estipula que cualquier sector que se abre a la iniciativa privada ya no se puede cerrar. Tampoco es posible subir los aranceles a los niveles anteriores, ni regresar al régimen de inversión que estaba previamente si éste era más restrictivo. Incluir el petróleo y la electricidad en la renegociación actual sería un mero formalismo.

Sin embargo no hay que irse con la finta, la cuestión es más compleja. Los intereses económicos no dejarán pasar la oportunidad de obligar a México a ir más allá de la Reforma Energética. Recordemos las voces de allá quejándose de que la reforma no fue lo suficientemente lejos en materia de liberalización, es decir, porque se quedó corta en términos de apertura y posibilidades de negocio. Algunos esperaban una privatización completa de recursos, reservas, infraestructura, empresas e incluso del subsuelo. Otros se quejaron de que las concesiones seguían prohibidas. Las actividades reservadas al Estado y sus mecanismos de intervención también fueron objeto de críticas. La ultra quería un sector totalmente desregulado y privatizado, con un Estado encasillado en el papel de regulador y facilitador de la inversión extranjera. Ahora tiene una nueva oportunidad. Detrás de Donald Trump están las corporaciones que quieren más apertura, más negocios, más facilidades y más protecciones.

Aunque los EU han resuelto básicamente su problema energético la integración con México sigue teniendo sentido porque nuestro país es un gran mercado para sus productos y, además, porque cuenta con un gran potencial en hidrocarburos convencionales y no convencionales que la industria petrolera estadounidense podrían aprovechar con sólo cruzar la frontera. Como botón de muestra ahí están los “descubrimientos” de campos petroleros hechos por consorcios privados en las áreas que el gobierno le quitó a Pemex. Las ambiciones hegemónicas de Washington implican el control de los recursos y la industria petrolera mexicana. La fuerza militar nos necesaria, basta con imponer los valores estadounidenses en la relación bilateral con apoyo entusiasta de las élites políticas y económicas locales.

Ese es mi punto. Lo más preocupante es la actitud de nuestros representantes que se desviven en complacer a los EU, a su gobierno, empresas e inversionistas. Entre más duro se pone Donald Trump más blandos se ponen Enrique Peña Nieto y su séquito de funcionarios público, empezando por el canciller Luis Videgarayy los secretarios de Energía y Economía Pedro Joaquín Coldwell e Ildefonso Guajardo Gallardo, respectivamente.

El fenómeno de la sumisión al poder hegemónico no es nuevo. Vicente Fox rompió con la política de la sana distancia y se entregó por completo al proyecto integracionista de George W Bush. Echado pa’adelante, buscó un acuerdo migratorio poniendo en la mesa de negociación el sector energético, pero los acontecimientos del 11 de septiembre llevaron a la Casa Blanca a priorizar la agenda seguridad. De cualquier forma Fox decidió poner a México al servicio de la seguridad energética de América del Norte, que en la práctica significaba la del país vecino porque Canadá era más que autosuficiente. “A EU el petróleo que quiera” decía. Y no era retórica: durante su administración se observaron las mayores ventas a ese país. Fox también apoyó el ASPAN y la “integración energética profunda” impulsando regulaciones comunes en los tres países. Y aunque no tuvo la fuerza en el Congreso para cambiar la legislación, si la tuvo para abrir espacios a la inversión extranjera en petróleo, gas y electricidad dándole la vuelta a la Constitución. Del sexenio foxista viene la política de buscar la seguridad energética de México en el marco en la seguridad energética de América del Norte, la cual se mantiene vigente y PJ Coldwell nos lo recuerda cada que tiene oportunidad. Felipe Calderón siguió los pasos de Fox. Por su parte, Enrique Peña Nieto les abrió las puertas de par en par y ahora está entregando todo lo que puede. Si las asimetrías entre México y el vecino del norte son abismales, si Estados Unidos no tiene amigo sino intereses, y si las élites en el poder son colaboracionistas con el proyecto estadounidense ¿qué tipo de integración energética podemos esperar? ¿Qué quieren los Estados Unidos? Una palabra lo resume todo: subordinación.

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SOBRE EL AUTOR:

Energía y Poder

Es Catedrático de la UNAM. Analista político y energético.

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